Red CDD Reedición de libro sobre curas abusadores 1 de febrero de 2006

Develando la política del silencio, el libro por el que Regina Soares Jurkewicz, coordinadora del CDD-Brasil, fue despedida de un instituto de teología de San Pablo a mediados del año pasado, acaba ser editado en español por la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. "No queremos pactar con la conspiración del silencio que trasciende el ámbito eclesial y se extiende a gran parte de las personas que rodean a las víctimas", señala el Equipo de Coordinación de la Red, que decidió publicarlo.

El libro, que había sido editado por CDD-Brasil, analiza 21 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra mujeres y niñas. Y revela que la jerarquía católica mantiene un modus operandi y desarrolla una política para ocultar los casos denunciados, llegando incluso a ocultar amenazas, sobornos y agresiones contra las víctimas y sus familiares.

Ese modus operandi no es excluyente del interior de Brasil. "Nuestra hipótesis es que esta política también se hace vigente en los demás países latinoamericanos", plantea el equipo de coordinación en la introducción de Develando la política del silencio. Abuso sexual de mujeres por sacerdotes en Brasil, cuya traducción y edición fueron financiadas por al Fundación Ford.

Ese fue uno de los motivos que llevó a la necesidad de lanzar esta investigación en idioma castellano. "Queremos ampliar la difusión de las informaciones y de los análisis, ambos presentes en esta publicación, y esperamos de esta forma, motivar la reflexión y la investigación de este tema, por la importancia que tiene para la comunidad católica", señala. "Otra razón que nos estimuló a elaborar esta edición en castellano es el hecho de que el presente trabajo propone una metodología de investigación que puede ser útil a personas o grupos interesados/as en aceptar el desafío de realizar una investigación similar en sus países".

La investigación es parte de la tesis de doctorado de Soares Jurkewicz en Ciencias de la Religión en la Pontificia Universidad Católica (PUC) de San Pablo. Fue realizada con el apoyo de Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), en el Programa de Ciencias de la Religión de la PUC-SP, financiada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y hecha pública el 28 de junio de 2005 por CDD-Brasil. Días más tarde, Soares Jurkewicz fue despedida del Instituto de Teología de Santo André, donde trabajaba como profesora desde hacía 8 años, bajo el argumento de "diferencias insuperables".

La socióloga releva en su trabajo algunos estudios previos sobre abuso de religiosos. Retoma una encuesta relevada por el periodista español Pepe Rodríguez que estima que el 60 por ciento de los clérigos tiene relaciones sexuales, dentro de los cuales el 26 por ciento se relaciona con menores y el 7 por ciento cometen abusos graves.

Pero lo que más molestó a la jerarquía de la Iglesia Católica brasileña es que hace hincapié en que el mismo código del Derecho Canónico orienta a la jerarquía para que encubra los delitos de los curas con el fin de evitar escándalos y salvaguardar la imagen de la Iglesia Católica Romana y del clero. Rodríguez habla de un "decálogo básico" que sigue la ICR para encubrir a los curas abusadores: los obispos encaran acciones disuasorias con la víctima y su familia; encubren los casos de abuso para que no se hagan públicos, llegando incluso a sobornar víctimas y familiares o trasladando al cura a otra parroquia; inician un expediente canónico que jamás avanza; niegan lo ocurrido planteando que el sacerdote es una figura santa; descalifican públicamente a las víctimas; lo atribuyen a campañas orquestadas contra la iglesia, entre otras premisas.

Soares Jurkewicz relevó 21 casos de abusos de parte de sacerdotes a niñas y mujeres dados a conocer en los medios de comunicación entre 1993 y 2002. De esos 21 casos, sólo cinco originaron procesos en la justicia y la mayoría no fue esclarecido. En todos los casos hay una asimetría económica, cultural, etaria, de género y clase social entre las denunciantes y los denunciados. Se trataba en general de nenas que recibían ayuda económica o material de parte de la iglesia, o de mujeres que trabajaban en la parroquia. La investigación señala también que cuatro casos derivaron en embarazo.