Boletín de Prensa
Debate sobre la despenalización del aborto en el DF
Se cumplen 9 meses de la iniciativa
El 2007 fue un año crucial para la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México: tras un largo debate y oposición por parte de grupos conservadores, el 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el dictamen que despenaliza el aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.
Así lo señaló María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, en el Zócalo capitalino durante la charla “El derecho a decidir de las mujeres. La despenalización del aborto en el DF”, en el marco del Foro Social Mundial 2008.
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir abrió la plática afirmando que “hoy se cumplen 9 meses de la iniciativa y con ello, la ALDF logró por primera vez en la historia de nuestro país que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Esta iniciativa ha constituido una oportunidad para disminuir las cifras de muerte materna causadas por las interrupciones ilegales del embarazo, que en 2006 ascendía a 15 decesos registrados, según la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Tras repasar la historia de una lucha de 30 años para lograr la despenalización del aborto, aseguró que hoy México, en el contexto Latinoamericano, tiene la legislación más avanzada.
Sin embargo, recordó que la Ley fue impugnada en mayo del año pasado por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, y por la Procuraduría General de la República, quienes presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Será hasta el primer trimestre del 2008 cuando ocurra el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde 11 ministros habrán de debatir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo, aprobadas el pasado 24 de abril por ese órgano legislativo.
Por su parte, la doctora Ofelia Aguilar, de MEXFAM, señaló que los primeros efectos de la Ley pueden empezar a verse ya sobre la salud pública, en términos de que se han reducido las complicaciones por abortos mal practicados y en las muertes de mujeres.
La ILE fue considerada por Organizaciones de la Sociedad Civil como un cambio histórico y político para las mujeres y Aguilar aseguró, además, que esta Ley ha traídos ya efectos positivos, pues ha disminuido la mortalidad materna, al tener las mujeres acceso a servicios de salud reproductiva gratis y de calidad sin poner en riesgo su salud ni sus vidas; además de otorgarles una consejería adecuada.
Durante la disertación, María Luisa Sánchez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), opinó que la problemática del aborto es muy compleja, debido a que intervienen consideraciones éticas, morales, legales, de salud y sobre todo de derechos humanos, que tienen que tratarse a fondo.
Denunció que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en la Ciudad de México y la quinta en toda la República Mexicana, aún cuando la mayor parte de los decesos pudieron ser evitables.
De acuerdo con un estudio realizado por GIRE, en México la práctica del aborto es por lo general ilegal, señala que son pocas las que pueden acudir a servicios higiénicos y seguros, por lo que la mayoría de las mujeres que quedan encinta y deciden interrumpir su embarazo se ven obligadas a practicarse un aborto en la clandestinidad.
El análisis de GIRE asegura que el aborto en nuestro país es una realidad: cita que en el 2005 las cifras oficiales indicaban que el 17.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva se han practicado un aborto y que la ilegalidad no impide que se lleven a cabo. Una ilegalidad que además pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
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México, DF, 25 de enero de 2008.
Boletín de Prensa
OSC, legisladoras y legisladores piden elevar a rango constitucional el Estado laico
En el marco del Foro Social Mundial México 2008, las diputadas federales Rosario Ortiz, Elsa Conde; el diputado federal José Suárez del Real, junto con Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir; Jesús López, del Foro Intereclesiástico Mexicano, y Gabriela Rodríguez, de Afluentes, coincidieron en la necesidad de elevar a rango constitucional la iniciativa de ley sobre el Estado laico, presentada en noviembre del 2007 por la legisladora feminista Elsa Conde.
Conde destacó que una de las virtudes de la iniciativa es que es producto de la reflexión colectiva con el aval de integrantes de las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.
Plantea la legisladora que el concepto de laicidad en la iniciativa se entiende bajo tres principios: el respeto a la libertad de conciencia y a su práctica individual y colectiva; en segundo lugar, la laicidad, referida a la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares y, en tercer lugar, la igualdad ante la ley y la no discriminación directa o indirecta hacia las personas.
La iniciativa reconoce que todas y todos tenemos el derecho de contar con un Estado laico que proteja la pluralidad de todas las adscripciones religiosas, así como todas las expresiones de la sociedad que no formen parte de ellas.
Al respecto, Rosario Ortiz menciona que parte del debate del Estado laico del siglo XXI se centra en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ante lo cual hay una constante respuesta de los grupos conservadores para negar el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos.
La diputada agregó que la disputa política de los derechos que hoy se están planteando también se da en el marco de las organizaciones sociales.
Es por ello que esos cambios que se están dando en la sociedad muestran que es necesario replantear el concepto de laicidad, “de esta forma, la parte del Estado laico no sólo tiene que estar en el Artículo Tercero constitucional, en donde dice que la educación es laica, sino que tenemos que hacer una reflexión para que esté desde la parte conceptual del Estado”.
Es decir, la Constitución debe señalar que el Estado mexicano es una república, es popular y es laica, “y a partir de ahí la garantía que tienen las mujeres es el ejercicio de sus derechos, de sus libertades y de sus propios creencias”.
Por su parte, Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir argumentó que “el carácter laico del Estado mexicano es condición indispensable para la protección de las garantías individuales y para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Y su preservación es la única garantía de este ejercicio, principalmente en lo que se refiere a la sexualidad y reproducción de hombres y mujeres”.
El diputado federal José Suárez del Real, quien también es parte de la iniciativa presentada en noviembre de 2007, señaló: “que no quede duda que sólo se habla de principios de laicidad en el Artículo 3 constitucional de manera explícita”, por lo cual el espíritu y los principios de laicidad deben quedar perfectamente explícitos en aquellos artículos que garantizan la libertad de creencia, la libertad de decisión de los mexicanos.
Jesús López, representante del Foro Intereclesiástico Mexicano, explicó las razones por las que su organización apoya la iniciativa: “el Estado laico es el garante de las libertades religiosas, se conduce con neutralidad, ofrece un trato igualitario a todas las asociaciones religiosas, es el antídoto contra la intolerancia y discriminación por motivos religiosos, garantiza el ejercicio y disfrute de nuestra libertad de conciencia y es incompatible con una religión oficial o con una religión de Estado”.
Gabriela Rodríguez, de Afluentes, explicó que la laicidad se entiende en tres sentidos: el primero es la no intervención del Estado en cuestiones religiosas, el segundo es la separación del poder de la iglesia y el poder del Estado y el tercero es la neutralidad del Estado y sus instituciones, entendiendo como neutralidad la ausencia de la religión.
Los participantes de la mesa de análisis están de acuerdo en que el principio de laicidad debe ser rector en los debates en torno a diferentes cuestiones como la identidad nacional, las reglas de salud pública, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual.
De aprobarse, la iniciativa sobre laicidad será una obligación que, de no cumplirse, responsabilizará a los servidores públicos. Se agregará el concepto a los artículos 108 y 109 constitucionales, estableciendo la obligación de las autoridades públicas de respetar el Estado laico y la separación entre las iglesias y el Estado.
Para más información, favor de comunicarse con:
Sandra Fosado al 5554-5748 ext. 20 o al 044553989-6074
México, DF, 24 de enero de 2008.
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