A las muchas transformaciones nacionales que exaltaba el spot publicitario “Menem lo hizo” habría que añadir la gradual disolución de las diferencias entre embrión y niño lograda durante sus diez años de gestión. Bastaba, para corroborarlo, con ver algunas de las publicidades comerciales para el último día de la madre: en una de ellas un feto con la apariencia y la conducta de un chico de un año de edad patea a la joven embarazada cuando no le presta atención.

Esta confusión se ha instaurado junto a una jerarquización de las vidas: la del feto es siempre superior a la de la mujer y se ignoran como irrelevantes las circunstancias en que ésta ha concebido o está gestando. A pesar de la tan mentada “apertura al exterior”, en momentos en que se perfeccionan los métodos anticonceptivos y se puede incluso abortar sin intervención quirúrgica; cuando las tecnologías reproductivas permiten vislumbrar cambios radicales en la noción de maternidad y paternidad, Argentina aparenta adherir a una pauta según la cual cada encuentro heterosexual implicaría la perspectiva de un hijo.

El impacto en la sociedad argentina del frenesí antiabortista promovido por el Vaticano desde la asunción de Juan Pablo II ilustra una vez más las deficiencias de una república que permite que un principio confesional se imponga como norma para la vida civil. Ese frenesí no tiene precedentes siquiera dentro de la historia de la Iglesia: el aborto no forma parte de las cuestiones en las que rige la infalibilidad papal, y los debates sobre la condición de persona humana del feto nunca encontraron una respuesta unívoca. El aborto era sancionado tradicionalmente no como homicidio, sino como pecado sexual: se lo interpretaba como el recurso de una mujer para ocultar su pérdida de virginidad si era soltera; del adulterio si era casada. Sólo en 1869 Pío IX estableció que el aborto en cualquier momento del embarazo era causa de excomunión.

En el conflicto surgido entre el episcopado argentino y el entonces embajador ante el Vaticano Esteban Caselli, a raíz de la instauración en Argentina del Día del Niño No Nacido, se llegó a un punto en que el episcopado se ocupaba de recordar que la “vida” a defender es “también” la extrauterina. Oblicua admisión de que el mismo Estado que naturaliza las maternidades forzadas abandona a su suerte a la madre con sus hijos ya nacidos, deseados o no.

El derecho al aborto consagrado en el curso de los años '70 en las legislaciones de los países occidentales desarrollados, fue una reivindicación feminista. No se trataba de “blanquear” los abortos que independientemente del sentimiento o la voluntad de la mujer involucrada servían para eliminar la prueba de relaciones prohibidas o la mella al honor familiar. Se reivindicaba un derecho ganado por mujeres entendidas por primera vez en la historia como sujetos autónomos, dueñas de su sexualidad; un derecho inscripto en la libertad de decidir la maternidad, concebida como posible opción no como destino o fatalidad biológica y mucho menos como castigo que redimiría a la mujer de su posible goce sexual.

Esa concepción, que dispara al corazón de la lógica patriarcal, es la que la actual campaña “pro vida” quiere erradicar. En efecto, el modelo social postulado por la Iglesia tiene como base una célula familiar dónde la autoridad es masculina y donde la mujer, definida por su capacidad de renunciamiento, tiene el rol de parir y criar a sus hijos. Ese modelo de familia ha estallado ya en Argentina y en todo el mundo occidental, y no solamente debido a la pobreza. Confluyen en su inviabilidad factores sociales múltiples, entre los cuales no son de desdeñar los cambios en las relaciones intergeneracionales y entre mujeres y varones.

Pero el servilismo de la clase política argentina ante el integrismo católico ha impedido actualizar la legislación sobre aborto en la Argentina, que se remonta a 1921, dónde las excepciones a la ilegalidad del aborto tienen base eugenésica. Esa actualización se vería sin embargo habilitada por las encuestas de opinión: la realizada en octubre de 1999 entre mujeres de la provincia de Buenos Aires, indica que un 59% aprueba la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, el 19% en todos los casos y sólo un 23% quiere prohibirlo en todo los casos.

Pero incluso respecto a la legislación vigente se ha retrocedido en la práctica: asistimos a la eliminación de hecho del aborto terapéutico. “ Traiga la orden del juez y se lo hacemos ”, es la respuesta médica ante pedidos de aborto terapéutico por parte de chicas y mujeres en condiciones gravísimas. Pero ese juez resulta muy difícil de encontrar. O a la inversa, el juez ha dado la orden y los médicos desobedecen. Fue el caso, hace un año, de la señora María Ester Aveiro, de la provincia de Misiones, que debía optar entre continuar con su quinto embarazo o con su medicación para la epilepsia. El obispo en persona la comprometió a no abortar a cambio de “ayuda”. En la misma época se conoció el caso de una niña de 13 años alumna de diferencial, desnutrida, violada en Trelew, que no quería seguir con su embarazo: los médicos se negaron a seguir la indicación del juez y las autoridades eclesiásticas prometieron dinero a los padres para impedir que abortara. Además, las mujeres que acuden a los hospitales públicos para atenderse de las consecuencias de un aborto clandestino se exponen a ser denunciadas, según el riesgoso precedente que sentó la Corte Suprema de Santa Fe, en agosto de 1998, al fallar contra Mirta Insaurralde, habitante de una villa miseria de Rosario, denunciada por la médica Silvia Cortez, del Hospital Provincial del Centenario, que la atendió de las consecuencias de un aborto séptico.

El carácter clandestino de las prácticas abortivas en la Argentina obliga a relativizar las cifras, pero se calcula que hay 700 mil nacimientos y 400 mil abortos anuales, lo que indica gravísimas dificultades de las adolescentes y mujeres para evitar embarazos que no sean deseados; en parte por falta de información, de formación y recursos para acceder a anticonceptivos, pero más profundamente por no sentirse dueñas de su sexualidad y por no lograr imponer sus propias condiciones al entablar relaciones con los varones. El aborto es, después de la septisemia, la segunda causa de muerte materna: 47 por cada 100 mil nacidos vivos en el último registro del Ministerio de Salud, que se remonta a 1996. El 70% de las mujeres que mueren como consecuencia de abortos inducidos son pobres. En efecto, para quienes no disponen de los alrededor de 1000 pesos que exige como mínimo un aborto inducido realizado en adecuadas condiciones sanitarias en el circuito clandestino, la penalización de esa práctica significa riesgo de muerte.

Parecería lógico considerar que la gestación y el nacimiento de un niño son demasiado trascendentes como para que sean el resultado del azar y mucho menos de la brutalidad. Cuestionado el supuesto desvelo por la vida esgrimido por los antiabortistas, un estudio mencionado en The Nation establece una relación inversa entre las restricciones al aborto o su prohibición impuestas por los gobiernos y las garantías que esos gobiernos ofrecen al bienestar de los niños. La autora de ese estudio, Jean Ruth Schroedel, hubiera encontrado una sólida prueba para su hipótesis en la Argentina, que ha firmado la Convención por los Derechos del Niño y eliminado la Ley del Patronato en las provincias de Chubut, Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires, pero dónde no se han implementado todavía a nivel nacional políticas dirigidas a garantizar la condición de plenos sujetos de derecho de niños y adolescentes. Las políticas de los últimos diez años extremaron el control sobre las mujeres, pero no favorecieron la adecuada atención del embarazo y la maternidad, agravaron la discriminación laboral de las mujeres en general y de las mujeres con hijos en particular, y se desentienden de los riesgos que significa para los niños nacer de madres que no los desean. En el sistema escolar y en las instancias de salud pública, la educación y la prevención son interferidas por el mismo poder clerical que anatematiza el aborto en cualquier circunstancia. Salvo la abstinencia y los métodos “naturales”, prácticamente no quedan métodos anticonceptivos que no sean abortivos para el criterio eclesiástico.

El Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental denunció al gobierno de la provincia de Buenos Aires por enviar a adolescentes infractores de la ley a la cárcel de máxima seguridad para adultos de Magdalena. Precisamente en la provincia de Buenos Aires el gobernador Carlos Ruckauf desarrolló su inolvidable campaña por “los derechos de los bebés” (léase fetos) contra los delincuentes (circunscriptos a los que transgreden las leyes de propiedad). Su criterio de selección del gabinete, que pone en evidencia sus vínculos con la vertiente más tenebrosa del poder político nacional, la que participó en la guerra de exterminio de los años '70, así como la obscena exaltación del linchamiento y la tortura que impregna en su campaña pro “seguridad” (eufemismo por impunidad policial), constituyen indicadores claros sobre el respeto y cuidado por la vida ajena de estos abanderados de los derechos del feto.
Jane Hurst, La historia de las ideas sobre el aborto en la iglesia católica , folleto publicado por Católicas por el Derecho a Decidir.

El artículo 86 del Código penal argentino dice que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un grave peligro para la vida y la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

Página 12 , 21-10-99

Según el ginecólogo Roberto Nicholson, el 25% de los abortos clandestinos tienen complicaciones. En el hospital, médicos, enfermeros y mucamas se creen con derecho a maltratar a la paciente que ha abortado. Clarín , 30-11-99.

La Nación , 20-10-99.

Katha Pollitt, “ Anti Choice, Anti Child ”, The Nation , Nueva York, 15-11-99 (www.thenation.com)

La denominada “píldora del día después” es objeto en la Argentina de una disputa judicial: una jueza federal de Córdoba ordenó su prohibición, haciendo lugar al recurso de la ONG pro vida “EL portal de Belén”. El Ministerio de Salud y Acción Social apeló la medida. Casi simultáneamente, el gobierno de Francia decidía distribuir gratuitamente esa píldora en bachilleratos y liceos, como parte de una campaña de prevención del embarazo en adolescentes. Ver Página 12 , 22-10 y 8-12-99.

Página 12 , 25-11-99.