Por otra parte, y como manifestación clara de que, sea por las causas que fuere, los procesos sociales generan sus propias tendencias contrarias, también asistimos a un momento de creciente presencia pública de posiciones conservadoras que pretenden imponer sus concepciones de la moral y la ética a quienes, ejerciendo su libertad de conciencia, reclaman su derecho a tomar decisiones responsable y libremente. Estas posiciones, ancladas en otras épocas, tienen como objetivo controlar las vidas de las personas y limitar su autonomía, sobre todo la de las mujeres, a través de procedimientos particularmente agresivos y poco respetuosos de la pluralidad y la ética.

Una de las voces más fuertes en este proceso es la de la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica. Aunque es indudable que la religión puede estar —y de hecho lo ha estado— al servicio de los derechos humanos, de la justicia social y del bien común, la institución eclesiástica ha desvirtuado estos nobles propósitos. En lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, la Iglesia Católica ha hecho uso de todos sus recursos para obstaculizar el ejercicio de estos derechos.

Ante el evidente fracaso de sus enseñanzas morales entre su propia feligresía–pues las estadísticas demuestran que en países de mayoría católica altos porcentajes de la población contravienen las enseñanzas de los obispos relacionadas con la sexualidad y la reproducción – la jerarquía conservadora ha convocado a una verdadera cruzada para influir en las políticas públicas y de esta manera convertir en ley de los Estados, sus preceptos morales y sus creencias religiosas.

Desde la Tercera Conferencia sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, convocadas por la ONU, los intentos de la Iglesia Católica por imponer sus concepciones no sólo a católicas y católicos, sino también a quienes no profesan esta fe, han sido patentes. En esas conferencias, quizá por primera vez en el siglo XX, la Iglesia, en su calidad espúrea de Estado, fue un notorio actor político en asuntos de trascendencia nacional e internacional.

La Santa Sede (no así el Vaticano) ocupa un asiento en las Naciones Unidas como Estado no-miembro observador permanente desde 1964. Este estatus, al que se fue colando a partir de su participación en otras instancias internacionales, le permite participar en las Asambleas de la ONU con los mismos privilegios que los de un Estado nación, a pesar de que es la representación de una religión, de que no tiene territorio definido, no tiene un gobierno propiamente dicho, ni un contingente de ciudadanos definido: no tiene mujeres, ni niños, ni problemas con la sexualidad y la reproducción.

Preocupadas por esta situación, las compañeras de Catholics for a Free Choice lanzaron la Campaña Internacional See Change, alrededor de la cual miles de organizaciones y cada vez más políticos y parlamentarios europeos, han cuestionado este injusto privilegio, pues además de ser la única representación de una religión en la ONU, la Santa Sede ha aprovechado su estatus para oponerse sistemáticamente a cualquier medida tendiente a mejorar la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

Un aspecto muy importante de esta situación, es la utilización de la investidura religiosa para posicionarse en un lugar de privilegio, “más allá” de la terrenalidad y por lo mismo de la obligación de rendir cuentas o estar sujetos al cumplimiento de ordenamientos civiles. La jerarquía de la Iglesia Católica ha sabido aprovechar muy bien estos privilegios: el identificador que marca el lugar de la delegación del Vaticano que dice Holy See (Santa Sede), pone a esta delegación, por lo menos en el nivel simbólico, por encima de los demás Estados miembros, pues ninguno tiene el calificativo de santo. Fue precisamente esta investidura y posición la que le sirvió al Vaticano para colarse en la ONU a pesar de que legalmente no cumple los requisitos para ser parte de esta instancia internacional.

El abuso de poder por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica no nos sorprende. Esta actitud se manifiesta en todos los ámbitos de acción de una estructura jerárquica patriarcal y autoritaria, que no está sujeta a la rendición de cuentas ni permite la participación de su población en la elaboración de sus enseñanzas, más bien de sus políticas, diríamos nosotras. Abusar de la investidura, del carácter religioso y espiritual que emana de esta institución es una violación de los derechos humanos elementales. Así lo demuestran las recientes denuncias de abuso sexual que surgieron en Boston y que se han extendido a otros países del mundo, gracias al proceso de ciudadanización y secularización que se está dando en la sociedad civil.

Lo que sí nos sorprende es que algunos gobiernos del mundo continúen cediendo a las presiones del Vaticano, que dicho sea de paso utiliza los mismos métodos de chantaje y presión que cualquier dictadura utilizaría, presiones basadas en su poder económico, su influencia política y una clara manipulación de las conciencias, para hacerle creer al mundo que la opinión de funcionarios, personas con pasiones, ideologías y posiciones políticas concretas, es palabra divina.

Por estas razones, le conferimos tanta importancia a lo dicho por Marta Lamas, cuando en 1995 decía que la desconstrucción simbólica y el laicismo son condiciones imprescindibles para la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La desacralización de las opiniones de nuestra jerarquía es parte esencial de este proceso. Y la exigencia de respeto al carácter laico de los Estados, como única garantía de ejercicio de los derechos humanos y civiles, en sociedades diversas y plurales como en las que hoy vivimos. La pretensión de convertir en normas programáticas y leyes civiles, preceptos morales que no reflejan las necesidades, las vivencias y los deseos de la feligresía católica, es una manifestación más del abuso de poder.

Como ustedes bien saben, el Estado mexicano, ha proclamado su carácter laico, como una reivindicación histórica. Los detalles se los dejo a los especialistas aquí presentes. Y aunque en muchas ocasiones ha habido violaciones a este carácter por parte de diversos funcionarios, --casi siempre por legisladores de los sectores más conservadores lidereados por el PAN-- nunca antes como en este sexenio hemos asistido a manifestaciones tan claras de confusión de las creencias religiosas con el ejercicio de las funciones públicas. Desde la entrega del crucifijo el día de la toma de posesión del presidente Fox, hasta las declaraciones hechas por él en el marco del Período Especial de Sesiones de la ONU para evaluar el cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Infancia en Nueva York, el 9 de mayo pasado, ha habido una serie de hechos simbólicos en los que la actual presidencia está implicada, que nos preocupan enormemente. No podemos aceptar que precisamente en un momento histórico en el que la demanda social y política es el respeto al ejercicio de los derechos humanos y las garantías individuales, entre los que se inscriben los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el estado mexicano eche por la borda una tradición laica que ha tomado en cuenta los avances científicos y se ha sumado a los consensos internacionales en materia de políticas públicas relacionadas con la sexualidad y la reproducción.

Nosotras, las católicas feministas, hemos enarbolado esta demanda, y exigimos, por lo tanto, que se preserve el carácter laico del Estado mexicano. Confiamos en que el gobierno actual atienda este deseo, que comparten amplios sectores de la sociedad, y logre vencer las presiones ultraderechistas poniendo por delante el bienestar de la población mexicana: sobre todo de las niñas y los niños y de las mujeres.

Pero volvamos al marco de las intenciones en el ámbito internacional. Los derechos de las mujeres, la sexualidad, la salud reproductiva y las políticas de población estuvieron presentes como nunca antes en el escenario político internacional en el marco de esas Conferencias Internacionales convocadas por la ONU. El Vaticano, en clara alianza con los gobiernos islámicos, alimentó la esperanza de preservar, convertidos en políticas públicas, los puntos de vista fundamentalistas y conservadores sobre el género, la sexualidad y la reproducción, por tanto tiempo rechazados por vastísimos sectores de la población católica y no católica.

Estos puntos de vista, convertidos en políticas públicas, han ido en detrimento del bienestar de todas las mujeres y las familias, de las comunidades y del planeta, independientemente de sus creencias religiosas. Toda la ciudadanía está sujeta a estas leyes. Cada mujer, cada hombre, cada niña o cada niño puede ser sujeto de la disposición respectiva, ya se trate de que la Iglesia esté en contra de todos los anticonceptivos, de que niegue la anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido violadas y buscan servicios en los hospitales católicos, de que emprenda acciones para hacer ilegal el aborto o volverlo inasequible, o de que impida los programas de educación sexual en las escuelas públicas o se rehúse a proporcionar información acerca de los condones como medida de prevención contra la transmisión del VIH/SIDA.

Lo dicho no sugiere que deba prohibirse a la Iglesia Católica apostólica y romana —o a cualquier otra institución— participar en la vida pública de las naciones, expresar sus valores o incluso influir en las políticas públicas. Es correcto que las voces religiosas sean escuchadas en todos los debates. Bienvenidas las voces de los obispos y la feligresía católica, siempre y cuando respeten las creencias religiosas diferentes a las suyas y las posiciones morales diversas, incluso al interior de la misma Iglesia.

En el seno de la Iglesia Católica han surgido posiciones alternativas que reclaman el derecho a disentir de las enseñanzas morales que no han sido declaradas infalibles y a tomar decisiones serias y responsables ejerciendo su libertad de conciencia, sin poner en peligro su fe ni dejar de ser católicas. Esas posiciones también deben ser escuchadas y tomadas en cuenta.

No obstante, es responsabilidad de quienes elaboran políticas públicas, evaluar las posiciones que defienden las iglesias, de la misma manera que se evalúan las posiciones de otras organizaciones sociales. Este principio ha sido difícil de aceptar para los dirigentes de la Iglesia Católica. La aceptación católica del principio de separación de la iglesia y el Estado es muy reciente. Hace apenas treinta años que se reconoció en la “Declaración sobre la libertad religiosa” del Concilio Vaticano II. Un hecho que deja atrás más de 17 siglos —desde la conversión de Constantino hasta 1966— de creencia inflexible en que la ley civil debe adecuarse a las enseñanzas morales de la Iglesia. Así pues, es comprensible que los dirigentes eclesiásticos aún tiendan a creer que deben ocupar un lugar privilegiado (¿sagrado?) en el proceso político. Reitero que lo que no es comprensible, es que las y los dirigentes políticos les concedan tal espacio y los traten como actores privilegiados.

Para evaluar las posiciones que provienen de grupos religiosos, las legisladoras y legisladores y otras funcionarias y funcionarios públicos deben intentar aclarar los siguientes interrogantes: ¿A quiénes dice representar el grupo que presenta la propuesta? ¿Representa verdaderamente el sector que dice representar? ¿Son sus datos exactos y válidos?¿Sus propuestas de políticas respetan los derechos de todas las personas en la sociedad y sirven al bien común? ¿Son propuestas que respetan las demás religiones, el pluralismo y la tolerancia? ¿Son viables dichas posiciones?

La historia reciente muestra que las posiciones de la Iglesia Católica relacionadas con políticas públicas sobre género, sexualidad y salud reproductiva no se ajustan a estos criterios. Los dirigentes de la Iglesia Católica han optado por no confiar en la autoridad moral de las mujeres para tomar sus propias decisiones, y buscan la manera de acabar todo debate o diálogo respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Esta negativa es inaceptable para la mayoría de las y los creyentes de esta religión, y no es ciertamente el mejor camino para elaborar políticas públicas, pues miles de mujeres mueren o son atropelladas en su dignidad y sus derechos.

Los Estados democráticos deben asumir, hoy más que nunca, la responsabilidad que tienen de legislar para una sociedad diversa y plural y entender que las creencias religiosas no deben influir la labor pública. El laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos, lo cual proporciona el sustento para el bienestar de todas las personas. A los Estados laicos, les corresponde garantizar la separación entre las Iglesias y el Estado, a las organizaciones de la sociedad civil nos corresponde defenderla y exigir que se mantenga.

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