Declaración de la Cumbre de Liderazgo Juvenil de Latinoamérica y el Caribe
16 de mayo de 2005

Expresamos nuestra gratitud al Gobierno Brasilero y a los organizadores de la Cumbre: el Sistema de Naciones Unidas, la Iniciativa de las Mujeres por la Paz Global, el Gobierno Federal de Brasil, el Instituto de la Ciudadanía y la Prefectura de Belo Horizonte.

Declaración de la Cumbre de Liderazgo Juvenil de Latinoamérica y el Caribe 16 de mayo de 2005

Nosotros, las y los participantes de la Cumbre de Liderazgo Juvenil de América Latina y el Caribe, reunidos en Belo Horizonte, Brasil; sin distinción de raza, etnia, género, orientación sexual, idioma, religión, opinión política, nacionalidad u origen social:

Afirmamos que América Latina y el Caribe ven limitadas sus oportunidades de desarrollo por una gran deuda pública y las desfavorables condiciones que se han establecido para su cumplimiento. Será imposible para nuestros países alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), mientras no se reformulen esas condiciones para permitir a nuestros países invertir los recursos necesarios para su desarrollo.

Percibimos que el modelo de desarrollo actual es inadecuado para la construcción democrática de sociedades sustentables y de esa manera comprendemos que si los Objetivos de Desarrollo del Milenio no consideraran esa realidad, no serían suficientes para la resolver los problemas de la región.

América Latina y el Caribe es parte de los países que se encuentran bajo una fuerte presión de organismos multilaterales que inducen a los gobiernos a establecer metas económicas, más no prioridades sociales. Esta presión tiene fuerte impacto sobre la soberanía y autonomía de los pueblos latinoamericanos y caribeños e impide la priorización de temas sociales y ambientales.

Resaltamos que los ODMs se enmarcan y deben tener la orientación política de las convenciones, conferencias y tratados ya firmados por los países. (anexo)

Consideramos que los países de América Latina y el Caribe viven realidades distintas y conforman una región con gran diversidad sociocultural y étnica, que comparten grandes problemas, especificamente la inequidad y la pobreza. La región presenta la peor distribución de ingreso en el mundo, por lo que nuestro principal desafío es superar esta desigualdad, la acumulación de la riqueza, el racismo, la discriminación, la xenofobia, el sexismo, la homofobia y la intolerancia en todas sus formas.

Destacamos que en América Latina y el Caribe se concentra la más rica biodiversidad del planeta. Sin embargo, una parte importante de nuestras economías se sustenta en función de la explotación indiscriminada de los riquezas de la naturaleza como recurso o como materia prima para exportación.

Consideramos que uno de los grandes desafíos para América Latina y el Caribe es resolver la violencia en todas sus manifestaciones: la violencia de Estado, política, institucional, doméstica, de género, sexual, homofóbica, racial, simbólica, aquella violencia que es resultado de la implementación de las políticas económicas, u otras formas de violencia sufridas por los grupos históricamente marginados; y, por supuesto, violencia a niveles de los conflictos armados que existen en algunos de los países de la región.

Destacamos que la corrupción es otro de los grandes problemas que afecta negativamente la economía y las instituciones democráticas en América Latina y el Caribe e impiden su desarrollo.

Por todo lo anterior,

Enfatizamos la necesidad de que las y los jóvenes nos comprometamos en el fortalecimiento y la consolidación de la democracia, como un valor y una práctica a ser perseguida en la región; en tanto comprendemos que la democracia debe tener como objetivo la participación y justicia política, social y económica.

Consideramos que la integración regional será una oportunidad para América Latina y el Caribe, toda vez que trabajemos por la universalización de los derechos humanos y el desarrollo humano a través del intercambio cultural y el fortalecimiento de la identidad regional; más allá de una integración pensada exclusivamente en términos de libre comercio.

Recordamos a los países desarrollados y en desarrollo su compromiso con los países de la región en la consecusión de los ODMs como lo acordaron en la Conferencia de la ONU sobre Financiamiento para el Desarrollo, en Monterrey en el 2002.

Instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a orientar sus políticas económicas y sociales para lograr el cumplimiento de los ODMs que deben ser entendidos desde la perspectiva de los derechos.

Consideramos que las mayores potencialidades para alcanzar los ODMs se encuentran en el accionar conjunto de los Estados, la Sociedad Civil incluyendo el sector privado, y la Comunidad Internacional, prioritariamente en lo siguiente:

Consideramos que para interrumpir el círculo de la pobreza en nuestra región se deben priorizar políticas de valorización del trabajo, insertando a la juventud en la vida productiva de nuestros países, generando oportunidades de empleo de calidad y distribuyendo la riqueza producida.

Garantizar en el sistema formal y no formal el acceso a la educación de calidad y la permanencia en el sistema educativo -en todos los niveles- con igualdad y equidad, de todas las personas, sin importar la edad, el sexo, raza, etnia, ni orientación sexual; reformulando

los contenidos para eliminar el discurso sexista, racista o discriminatorio en los programas.

Promover la salud como bienestar físico, mental y social, garantizando: acceso a agua potable, saneamiento básico y servicios de salud, especialmente a salud sexual y reproductiva, respetando derechos de libertad, confidencialidad, autonomía e integralidad de las y los adolescentes y jóvenes. Promover políticas de salud preventivas y asegurar asistencia integral a las personas que viven con VIH/SIDA, otras enfermedades epidémicas y aquellas que afectan particularmente a determinados grupos étnicos.

Garantizar la igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres en todas las dimensiones de la vida, respetando las especificidades de los diferentes grupos étnicos, raciales, generacionales y de diversa orientación sexual, como forma de a segurar los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, el derecho a la equidad salarial y el derecho a participar en la vida económica de sus países.

Creemos necesario reconocer y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y garantizar oportunidades para su inserción en el desarrollo social, económico, político y cultural.

Acompañar y monitorear la implementación de acuerdos y decisiones regionales a través de una plataforma de control regional que incluya la discusión del agua como bien público, las cuestiones de la riqueza natural, el respeto a los conocimientos y derechos de los pueblos tradicionales, la producción y comercialización de transgénicos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, utilización de energías alternativas, protección de ecosistemas y control de la desertificación y respeto a la diversidad de la vida.

Pensar la diferenciación de las políticas para el medio urbano y rural como indicadores indispensables para garantizar el desarrollo sustentable, la seguridad y la soberanía alimentaria, fortaleciendo la agricultura familiar y la reforma agraria;

Fortalecer los mecanismos de control social en el combate la corrupción.

Garantizar la participación de los grupos históricamente excluidos, en particular la juventud, mujeres, las poblaciones indígenas, las comunidades afrodescendientes, y las diversidades sexuales en los espacios de poder y toma de decisiones y durante todos los momentos de diseño, elaboración, implementación y monitoreo de las políticas públicas.

Considerar el deporte y la cultura como derechos y formas de

valorización de los individuos como seres integrales y que promueven la solidaridad, la educación, la salud, el desarrollo, la participación, comunicación, movilización, bienestar, sociabilidad, ciudadanía, paz, igualdad social y relaciones igualitarias de género, raza, orientación sexual, generacional y con personas con necesidades especiales, entre otras.

Por lo tanto,

Consideramos que es responsabilidad de los Estados junto con los organismos internacionales y la sociedad garantizar el cumplimiento de los ODMs, asegurando espacios de participación efectiva e incentivando alianzas, para lo cual:

Nos comprometemos a construir una plataforma juvenil de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los ODMs a ampliar y desarrollar programas, proyectos y acciones com un enfoque regional, monitoreando y divulgando los ya existentes.

Nos comprometemos, desde nuestros espacios, y a través de la movilización social, con la búsqueda de los objetivos del milenio en nuestros países y nos comprometemos también a apoyar los procesos y las redes generadas a partir de las cumbres regionales de África y

Asia que comparten estos objetivos.