En el año 2004 se cumplirán 10 años del compromiso adquirido por 179 países del mundo en la III Conferencia Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, Egipto en 1994, para instrumentar un Programa de Acción de 20 años con el objetivo de corregir los rumbos del desarrollo hacia uno más justo y humano, poniendo los derechos de las personas en el centro de las políticas y los programas.

Este Programa de Acción encierra la utopía de un desarrollo dirigido a eliminar las inequidades entre países, regiones y personas: las inequidades basadas en el género, la clase, la raza. Un desarrollo que toma en cuenta los vínculos entre la economía, la población y el medio ambiente y que se basa en el ejercicio de los derechos que a todas y a todos nos son comunes.

El Programa sentó pues las bases, para corregir el rumbo de un desarrollo a todas luces injusto y dehumanizado que no sólo afecta de manera drástica las vidas de millones de personas, sino que pone en riesgo la supervivencia del planeta. Llamó a tomar en cuenta los derechos y necesidades de las poblaciones marginadas y excluidas, de los pueblos indígenas, de los desplazados, de los migrantes. Erradicar la pobreza y lograr la educación universal son propósitos que atraviesan el Programa de Acción, así como eliminar la discriminación contra las niñas, promover el empoderamiento de las mujeres y estimular la responsabilidad de los hombres en las consecuencias de su conducta sexual, incluyendo la crianza de sus hijas e hijos.

Estos objetivos, fueron retomados por la Cumbre del Milenio en la cual los países se acordaron nuevas medidas para reforzar los acuerdos de El Cairo que impulsa una agenda humanista, inetgarl y acumulativa en beneficio de la vida, la salud y los derechos de las mujeres, ratificada también en la Conferencia Internacional de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995.

El Programa de Acción de la CIPD constituye un acuerdo nunca antes visto a favor de la salud de las mujeres. Este programa afirma los derechos humanos más elementales: el derecho de todas las personas a decidir por sí mismas si quieren tener hijos, cuántos y cuándo tener, el derecho de toda persona a la salud sexual y reproductiva sin temor a la enfermedad y la muerte. Es un consenso global alcanzado con grandes esfuerzos, en el que participaron delegaciones oficiales de todos los gobiernos, así como representantes de cientos de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de todo el mundo, con diversas perspectivas sociales, religiosas y políticas.

En El Cairo, es cierto, se abordaron algunos de los temas más conflictivos en que la vida de cada persona se relaciona con las políticas globales de desarrollo de los gobiernos: la reproducción, la sexualidad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, las naciones buscaron, mediante categorías que comprendieran la diversidad mundial de puntos de vista, y siempre en términos de derechos y responsabilidades, un acuerdo básico. El grado en que éste se alcanzó no se había conocido hasta entonces.

Al reconocer que la salud de las mujeres es pieza clave de un desarrollo sustentable, El Cairo convocó a construir un concepto de salud reproductiva que integre la perspectiva de género a la prestación de servicios de salud, que ponga en el centro los derechos de usuarias y usuarios a una atención respetuosa de su dignidad, opiniones y necesidades, al consentimiento informado, a recibir científica, veraz y oportunamente toda la información disponible sobre métodos anticonceptivos. Un nuevo concepto que considere la salud reproductiva desde una perspectiva integral, basada en los derechos reproductivos, que acabe con la coerción como norma de servicio.

El Programa de Acción de El Cairo, representa un novedoso paso adelante, pues reconoce la importancia de la ética, los valores, las relaciones personales, la sustentabilidad, la erradicación de la pobreza y, de manera notoria, la relación entre el empoderamiento de las mujeres y el descenso de las tasas de fertilidad. En el documento se articula una amplia visión que coloca la dignidad humana por encima de las metas demográficas, y la igualdad de las mujeres y la responsabilidad de los varones por encima de las políticas de control natal coercitivas.

Actualmente enfrentamos una enorme amenaza contra este consenso mundial. La amenaza proviene de uno de los países más poderosos del mundo, cuya política doméstica y exterior, bajo la dirección de George W. Bush, opera activamente contra el derecho a decidir en materia de aborto, contra la educación de la sexualidad y contra la salud reproductiva, y restringe con intensidad creciente el acceso a los servicios de salud reproductiva.

Durante la sesión preparatoria de la Quinta Conferencia Asia-Pacífico sobre Población, celebrada en Bangkok en 2003, la delegación de Estados Unidos afirmó que su país no ratificará su apoyo al Programa de Acción de la CIPD, y que esta posición no es negociable. En declaraciones posteriores y en clara alianza con el Vaticano, la administración del Presidente Bush ha instado a suprimir muchos conceptos fundamentales del Programa de Acción, así como todos los términos que se refieren a los servicios de salud reproductiva y a los derechos y la salud sexual y reproductiva. Por lo que se refiere al aborto, el gobierno de Bush pretende eliminar el llamdo de atención para atender el problema de salud pública que representan los abortos realizados en condiciones de inseguridad e incorporar, en su lugar, el objetivo de "minimizar la incidencia del aborto".

Para justificar este rechazo se han argumentado falsedades acerca del Programa que pueden ser fácilmente desmentidas con una rápida mirada al texto original del Programa.

La negativa de la Administración Bush a respaldar el Programa de Acción de la CIPD supone una transformación de grandes alcances en la ya prolongada política norteamericana de asistencia internacional, y entra en claro conflicto con las repetidas declaraciones oficiales estadounidenses a favor de los derechos de las mujeres, la planificación familiar y los programas de salud relacionados con esos ámbitos. Equivale, sin duda, a una declaración de guerra contra la salud de las mujeres.

En este sentido, la medida en que la Agenda de El Cairo constribuye a aliviar el dolor y a salvar las vidas de millones de personas no tiene parangón. No podemos entender porqué un gobierno que se precia de ser ejemplo de democracia y líder en la defensa de los derechos humanos, como el norteamericano, está en contra de aspectos esenciales de este Programa y se apresta a quebrar el consenso alcanzado con tanta diligencia y respeto por las diversidades.

En muchos sentidos, El Cairo fue una declaración universal de los derechos humanos relacionados con la población, la sexualidad y la vida de las mujeres. Fue en verdad extraordinario que se encontraran las palabras y el consenso para expresar la conciencia mundial en materias tan controvertidas. El diálogo y la tensión entre los derechos y las responsabilidades, el individuo y la comunidad, las creencias y la conciencia, la salud y la pobreza, no menos que entre los hombres y las mujeres, se abordaron en El Cairo con un grado de acuerdo que no se había conocido hasta entonces.

Los derechos surgen del núcleo individual, innato e inviolable de cada persona; las responsabilidades, tienen en su mayoría fundamento en la comunidad, en la demanda de tratar a los demás con igual dignidad y derechos, y en la insistencia en que las consecuencias de todas nuestras acciones deben medirse por algo más que nuestro provecho individual o nuestra propia identidad.
Quienes nos identificamos con valores católicos como la compasión y la justicia, apelamos a su responsabilidad para que no se ponga en riesgo una base tan importante para alcanzar la paz mundial.

Confirmamos nuestro apoyo al derecho de las mujeres a controlar su fertilidad sin temor a morir. Las muertes y la morbilidad que derivan de la práctica clandestina y peligrosa del aborto siguen siendo un grave problema de salud pública en los países donde el aborto es ilegal e inseguro. Hacemos un llamado a los gobiernos a reafirmar su apoyo a la prevención de toda forma de mortalidad materna, y a incluir en sus planes y políticas la de hacer del aborto una práctica segura.

Rechazamos, además, la pretensión de cualquier gobierno, incluso del más poderoso, de imponer sus políticas a otras naciones mediante demandas unilaterales, o de eludir, ignorar o violar los procesos democráticos que conducen a acuerdos y compromisos internacionales.

Hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas y a todas sus agencias -especialmente el FNUAP y la Organización Mundial de la Salud-, bajo cuyo patrocinio se redactó y acordó el Programa de Acción de la CIPD de 1994, así como a las organizaciones internacionales y nacionales y a todos los gobiernos del mundo que apoyan el Programa de Acción, para que lo ratifiquen y mantengan un firme apoyo a todos sus objetivos cada vez que se vea amenazado, y que lo hagan mediante declaraciones públicas, participación activa en encuentros regionales e internacionales sobre población y desarrollo, financiamiento continuo, apoyo a las políticas y programas, y contribuciones en asistencia técnica.

Por ultimo, instamos a todos los gobiernos del mundo a confirmar y acentuar en sus países su compromiso de aportar recursos y conceder prioridad creciente a las políticas y programas diseñados para alcanzar los propósitos y objetivos de la III Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, como un paso necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

RED LATINOAMERICANA DE CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
Nazaré Paulista, Sao Paulo, Brasil, Diciembre 4 de 2003