Mujeres y organizaciones feministas que conforman la Campaña 28 de Septiembre "Por el Derecho a Decidir" realizarán diversas actividades en la ciudad de Sucre, sede de la Asamblea Constituyente, de acuerdo al siguiente programa:

27 de septiembre

ACTO EN LA CASA DE LA CULTURA

Saludos y bienvenida
Homenaje póstumo a María Eugenia Canedo
Palabras de Ximena Machicao
Presentación de 10 años de la campaña nacional y por departamentos
Brindis por los 10 años. Desafíos y Compromisos
Presentación del Grupo Musical Sagrada Coca
Presentación de la familia Galán

28 de septiembre

Presencia en la sesión de la Asamblea Constituyente
Movilización en la plaza 25 de Mayo, con volantes, pancartas, música y propuesta.

Asimismo, y conmemorando el 10º Aniversario de la campaña en Bolivia, en un encuentro con los y las asambleístas presentarán un documento que recoge una serie de reflexiones y planteamientos en torno al aborto practicado en condiciones inseguras. El texto del documento es el siguiente:

"Desde nuestros cuerpos hacia la Asamblea Constituyente"

Desde hace 10 años, mujeres feministas en Bolivia nos articulamos en torno a la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto, bajo la consigna "Por el derecho a decidir de las mujeres". Con el objetivo de luchar por una causa estructural que marca nuestras condiciones de vida como mujeres, hemos colocado en el debate público cómo el Estado Patriarcal se apropia del cuerpo de las mujeres, lo administra y toma decisiones, vulnerando nuestra soberanía sobre decisiones privadas y personales de gran trascendencia para la vida.

Ubicamos la Despenalización del Aborto en el terreno político, con un fundamento ético y renovador: lo personal es político, con un fundamento ético y removedor: lo personal es político, y nuestro cuerpo es el primer espacio de poder desde donde construimos libertad. Afirmamos que la vida, científica y éticamente, se inicia a partir del nacimiento.

Sobre este principio de autonomía, expresamos y alertamos que no es serio ni coherente plantear el acceso de las mujeres a la forma de decisión en el poder público, si en la vida privada, en el ejercicio de nuestra sexualidad, como dimensión estructural de la existencia humana, las mujeres continuamos sometidas, torturadas y perseguidas, cuando intentamos tomar decisiones libres sin la tutela de un varón.

El Estado boliviano a lo largo de su historia, también ha sido tratado como menor, por fuerzas externas e internas. Nos han enseñado de manera meticulosa que como bolivianos y bolivianas, no podemos, no sabemos, o somos incapaces de tomar decisiones correctas y conducir nuestro destino como país. La soberanía que necesitamos construir para Bolivia es la que queremos para nosotras como sujetas individuales, es de igual jerarquía y valor, para decidir un aborto y expresar la sexualidad sin que nadie tenga derecho a cuestionar, o juzgar la libertad que como país y ciudadanas queremos vivir.

Desde esta articulación, expresamos que la representación en la Asamblea Constituyente, no marca iguales condiciones para hombres y mujeres, al no respetarse la demanda de paridad de la mayoría de la población, las mujeres; pero que aún así, participamos de este proceso de diálogos, propuestas y conversaciones ciudadanas, porque consideramos a este proceso constituyente como un recurso pedagógico para promover nuevos valores para la sociedad.

Creemos que es posible y necesario avanzar en la profundización de la democracia y la ciudadanía nombrando explícitamente al sexo, a la edad, a la cultura, a la etnia, al color, a la sexualidad, a la opción sexual y a la discapacidad, porque no hacerlo presupone asumir como ciudadano universal a un único sujeto: el hombre, blanco y heterosexual.

Convocamos a construir un nuevo pacto social para destruir el colonialismo y el racismo, romper el monopolio de las transnacionales y de grupos económicos de poder vinculados al saqueo, al latifundio, la explotación, el atropello a la dignidad y a la soberanía de los pueblos. Reconocemos que junto a estas matrices de explotación, en el marco de nuestra gran diversidad cultural, se ha vivido y se ha recreado en todo el país el patriarcado sexista que discrimina, excluye y oprime a las mujeres, y que nos niega capacidad, reconocimiento y libertades reales, en iguales condiciones que a los hombres.

- Reconocemos a la Asamblea Constituyente como una oportunidad para perforar TODOS aquellos valores y privilegios históricos, que han sometido al país, y que por lo tanto han sometido, subvalorado e invisibilizado a las mujeres, sus aportes, capacidades y saberes, y que repetidamente, se pretenden justificar como usos, tradiciones y costumbres.

- El reconocimiento de la libertad y soberanía de los pueblos en abstracto, esconde palizas, muertes, violaciones, abortos clandestinos, violencia, discriminación y opresión para las mujeres, que daña y lacera a la sociedad en su conjunto.

Desde la perspectiva feminista política, ética y jurídica, denunciamos los desequilibrios de poder que existen en la sociedad boliviana, emergentes del predominio de esquemas ideológicos y culturales patriarcales, que limitan a las mujeres la toma de decisiones autónomas, libres y responsables en el ámbito de la sexualidad y la reproducción que
discriminan a las personas por sus orientaciones e identidades sexuales, y que excluyen a la gran mayoría de la población.

Exigimos ciudadanía plena. Somos sujetas de derechos. Las mujeres no podemos escaparnos de nuestros cuerpos para ejercer nuestros derechos, pero para ejercerlos incluyendo nuestros cuerpos la nueva constitución política del estado debe contener derechos y garantías explicitas, eficaces y exigibles.

Dadas estas condiciones la propuesta de nuestra articulación feminista demanda y exige un Nuevo Estado incluyente, respetuoso y garante de los derechos fundamentales, para que nadie diga que es posible la democracia sin las mujeres, para que nadie diga que los derechos son universales si no se pueden expresar en femenino y para que nadie diga que las mujeres o hemos construido la historia.

1. Demandamos: autonomía, libertad y ejercicio pleno de la ciudadanía

Porque:

La sexualidad y la reproducción han sido tratadas desde marcos religiosos y de doble moral, expropiadas de las personas y sin ser reconocidas como dimensiones fundamentales de los derechos humanos.

Las bolivianas no tenemos garantías para tomar decisiones, libres de coerción y de violencia sobre nuestra sexualidad y reproducción.

La vida sexual y reproductiva condiciona nuestra participación en el ámbito laboral, el ingreso económico y la participación política de las mujeres.

Se impone a las mujeres la maternidad como destino y se les construye una identidad constreñida a ese rol.

La violencia sexual, la violencia de género en el ámbito familiar, el acoso sexual, el abuso sexual incestuoso, son realidades diarias en la vida de miles de mujeres, niñas y adolescentes de todas las clases y sectores sociales.

Se penalizan el aborto exponiendo a las mujeres a prácticas clandestinas y riesgosas.

La homofobia y la discriminación a las personas por sus opciones e identidades sexuales son prácticas sociales e institucionalizadas que provocan sufrimiento y vulneración de la dignidad humana.

Las mujeres exponen su salud y su vida y mueren durante el embarazo, parto, puerperio, por complicaciones del aborto, cáncer de cuello uterino infecciones de transmisión sexual, vih y sida.

Estas condiciones evidencian la necesidad de construir de manera radical el pacto social que se propone para la AC, ampliando y extendiendo sus contenidos, garantizando la refundación del país bajo verdaderos principios democráticos e incluyentes. Esto se traduce para las mujeres en el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

2. Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos como derechos fundamentales

La Asamblea Constituyente debe avanzar, afirmar y ampliar el catálogo de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, integrando preceptos que emergen del reconocimiento de la diferencia entre igualdad jurídica y de oportunidades frente a la igualdad real, obligándose el Estado a garantizar la efectividad de estos derechos.

Demandamos consagrar a nivel constitucional los siguientes derechos:

* Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Referidos al derecho a tomar decisiones sobre la reproducción y la sexualidad de manera libre y autónoma, el derecho a una vida sexual placentera independiente de la reproducción.

* Derecho a una identidad sexual y genérica. Garantizando vivir y expresar libremente la imagen que cada ser humano asuma en función de sus sentimientos, necesidades y expectativas.

* Derecho a la integridad. Se propone proteger a la persona en su derecho considerando que la violencia, especialmente la violencia sexual causa un daño y afecta a la persona en múltiples dimensiones, vulnerando su libertad, autonomía y dignidad.

* Derecho a la libertad y seguridad personales. Siendo que la violencia vulnera los derechos humanos de las personas, se pretende eliminar la violencia de todo tipo, sexual, psíquica o física, tortura, trata de personas o tratos inhumanos, etc.

* Derecho a una vida sin violencia. Se busca establecer la obligación del Estado para prevenir, sancionar y eliminar la violencia.

* Derecho a la igualdad y no discriminación. Se trata de reconocer la igualdad de oportunidades y de trato ante la ley y en todo nivel. Prohíbe toda forma de discriminación por diferencia de origen, filiación, cultura, tipo de ocupación, grado de instrucción, sexo, lengua, etnia, género, edad, idioma, religión, discapacidad, orientación sexual, estado de salud o cualquier otra condición.

* Derecho a la privacidad y la intimidad personales, como garantías elementales de la propia existencia humana.

* Derecho de las mujeres al libre desarrollo de su personalidad y sus capacidades, que se traduce en la libre autodeterminación respecto a roles, actitudes y conductas.

* Derecho a una salud integral. Las mujeres y hombres deben acceder a servicios de salud eficientes y oportunos durante todo su ciclo vital, incluyendo los relativos a la salud sexual y salud reproductiva.

* Derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a la maternidad elegida, libre y voluntaria, al placer y al erotismo.

* Derecho a la Educación para la Ciudadanía, basada en intereses científicos y no dogmáticos, que prepare a hombres y mujeres para la convivencia mutua en un marco de respeto a los derechos humanos y que incluya Educación para la Sexualidad y Educación para la No Violencia.

* Derecho a la libre opción y orientación sexual, garantizándose la libre expresión de las diversas formas de vivir la sexualidad sin sufrir discriminación por ello.

* Derecho a la libertad de expresión e información, entendida como el derecho a leer, escribir y difundir el pensamiento crítico sobre la sociedad en que se vive sin recibir menoscabo a la dignidad, discriminación o castigo por tal ejercicio. También incluye la obligación del Estado de promover la más amplia gama de medios de comunicación
independientes de afiliaciones políticas, religiosas o económicas.

* Derecho a la educación para la ciudadanía, basada en intereses científicos y no dogmáticos, que prepare a hombres y mujeres para la convivencia mutua en un marco de respeto a los derechos humanos y que incluya Educación para la Sexualidad, Educación para la No Violencia, Educación para la Solidaridad.

* Derecho a disfrutar de los avances científicos en materia de reproducción asistida e investigación con células madre, que busquen dar respuesta a problemas de salud como la esterilidad y enfermedades graves que actualmente no son curables como el Alzheimer, el Parkinson y muchas otras que podrían beneficiarse de las aplicaciones clínicas de estas investigaciones.

Ningún uso y costumbre puede violar el ejercicio de los Derechos Fundamentales de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres.

3. Proponemos y demandamos un Estado Laico en la refundación del país:

En la refundación de Bolivia y para la profundización de la democracia, la nueva Constitución debe incorporar el Estado Laico como principio fundamental que garantice los derechos ciudadanos de hombres y mujeres, con libertad religiosa, educación laica y pluralidad confesional. El Estado Laico garantiza un Estado independiente de toda influencia religiosa, especialmente en los poderes constitucionales, quienes son representantes de la soberanía que reside en el pueblo y al que deben, únicamente, rendir cuentas. La primera obligación del Estado es garantizar
a la ciudadanía, el ejercicio de sus derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, empezando por la propia libertad de pensamiento y del cuerpo.

La laicidad se basa en dos principios: el antidogmatismo y el respeto. El primero implica el uso de la razón, del saber y de la ciencia frente a los dogmatismos (verdades absolutas) de las creencias. Mientras que el respeto consiste en aprender a convivir en la diversidad sin intolerancias. La laicidad también sostiene que la soberanía popular
reside en el pueblo y, por tanto, la legitimidad de un gobierno se da a partir del ejercicio democrático y no de la apropiación y/o el apoyo de las autoridades religiosas.

El Estado Laico no representa, no avala, ni legitima a ninguna iglesia, sólo las acepta y abre con ellas posibilidades de establecer relaciones formales, claras y constructivas que contribuyan al respeto pleno de los derechos y libertades democráticas, siendo el marco legal de tal relación, las propias leyes nacionales, los convenios y acuerdos universales sobre los derechos humanos.

El Estado Laico afirma que todos sus ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley y que, por tanto, ninguna persona boliviana, por residencia o nacionalidad, está por encima de la Ley Civil de la República y no puede escudarse en filiación religiosa de ningún tipo para violar las leyes vigentes.

Las diferentes creencias religiosas expresadas en iglesias, cultos u otras formas organizativas no podrán en ningún caso socavar el imperio de la Constitución Política del Estado y las Convenciones sobre Derechos Humanos.

Para garantizar la separación entre las diferentes iglesias y el Estado, ningún miembro de la jerarquía de las mismas podrá ser electo para un cargo público ni podrá hacer proselitismo a favor de ningún partido político o agrupación ciudadana.

El Estado Laico, como garante de la libertad de conciencia y religión de sus ciudadanos y ciudadanas, eliminará del espacio político todas las formas y fórmulas relacionadas con cualquiera de las creencias que se profesen y las sustituirá por fórmulas de orden civil, con lo cual el principio de igualdad y respeto se simbolizan en las prácticas concretas, no en declaraciones que luego promueven prácticas diferentes a lo que se declara, aferrándose a privilegios innecesarios y obstaculizadores para el
avance de la democracia.

4.. Proponemos reconocimiento de las diversas expresiones de familia.

Definir qué es la familia y cuáles son sus condiciones de existencia, ha sido prerrogativa del poder patriarcal que norma la vida, la sexualidad, la apropiación del cuerpo de las mujeres y las relaciones interpersonales del mundo privado con visiones uniformadoras e impositivas para todos y todas, y que por lo tanto no respetan las capacidades, preferencias e individualidades para decidir de las personas. A partir de ello se ha definido históricamente un único tipo de familia posible, el cual se ha convertido en parte esencial de ese ensamblaje perfecto de dominación.

Estas consideraciones motivan a proponer que la nueva CPE reconozca y garantice las diversas formas de familia.

Las familias deben ser reconocidas en su más amplia concepción como comunidades de afecto, comunicación, ayuda mutua y reciprocidad, como espacios de socialización en libertad y respeto.

Un Estado re-creado, nuevo, soberano y autónomo tiene que:

* Prestigiar y reconocer las diversas formas existentes de familias.

* Aceptar, respetar y reivindicar las uniones y matrimonios de personas del mismo sexo, con el mismo status que las de parejas heterosexuales.

* Respetar y promover el ejercicio de las libertades sexuales y con ello garantizar la maternidad y la paternidad como actos de compromiso y responsabilidad decididos libremente.

* Reconocer la capacidad de ejercer la maternidad y la paternidad de parejas del mismo sexo.

* Garantizar los mismos derechos y deberes a las mujeres y a los hombres y rechazar y sancionar la imposición de valores culturales que se basan en la exclusión de un sexo y en la dominación de una cultura o una generación sobre otra.

* El Estado deberá garantizar la libre decisión de la madre para que sus hijos/as lleven como primer apellido el suyo. Siendo el apellido paterno opcional.

* Garantizar el respeto y apoyo del Estado a las mujeres que optan por el ejercicio de la maternidad de manera independiente y autónoma de una pareja. Por lo tanto, derecho a la reproducción asistida individual sin sesgos culturales, económicos o sexuales.

Libertad, autonomía y autenticidad son los pilares para el marco de interpretación de las familias; pilares que deben ser tomados con responsabilidad constitutiva.

¡Ciudadanas libres, auténticas y autónomas en la vida privada!
¡Ciudadanas libres, autónomas y auténticas en la vida pública!