Por un Estado laico: cuestión de vida para la democracia
Por Ivana Calle Riva, Bolivia

La participación de la Iglesia Católica en "la resolución" -cada vez más difícil- de conflictos, sociales y políticos tiene en más de uno a ardientes defensores. La curia amparada en su supuesto poder espiritual y autoridad moral "atestigua", "auspicia", "patrocina", "garantiza" que actores en conflicto se encuentren en diálogos, muchas veces falsos, a deponer actitudes tercas y piensen -como si pudieran hacerlo- en la democracia y en el bienestar del pueblo boliviano. El llamado está avalado por peticiones, oraciones y hasta regaños.

¿Quién discutiría tan loable actitud en circunstancias donde un manto de caos cubre al país?
¿Quién no valora la intervención de "los padrecitos" para ayudar a los prójimos en encontrar la reconciliación y la paz? Probablemente nadie. No queremos ser las hijas malagradecidas de la familia, pero permítanos apelar a nuestra aspiración de vivir en una democracia de pantalones largos, en un estado laico respetuoso de la diversidad y la libertad y a convivir con mentes no patriarcales ni coloniales para plantear algunos temas.

La democracia: madre del cordero

Un tema de fondo es la incapacidad de la democracia y el modelo neoliberal de resolver problemas que ya estamos hartas de repetir y vivir: la pobreza, la marginación, la falta de participación, la corrupción, la impunidad. Mientras dichos aspectos no sean resueltos por propios mecanismos, no de supervivencia, sino de suficiencia, a la Iglesia Católica le seguirá tocando apagar incendios cada vez más rabiosos.

Ante este contexto, nos preguntamos si esta democracia para subsistir necesita de la intervención divina encarnada en seres humanos, o de un replanteamiento de sus mecanismos que le permita encarar el futuro en serio. Una democracia sólida no necesita más mediaciones para resolver sus conflictos que principios democráticos basados en la justicia y la equidad y no en la intervención espiritual-humana que impide la maduración de una democracia libre de dogmas de fe.
¿Hasta cuando esta democracia tendrá que vivir de "suplencias temporales" como las que el cura Fernando Rojas plantea cuando justifica la "facilitación" de la iglesia en la elección de las Cortes Electorales?

Estado Laico = Estado Democrático

El tema del replanteamiento de los mecanismos democráticos para hacer de esta democracia un sistema viable y justo, pasa también por asumir retos como el cuestionamiento a estados clericales y la construcción de Estados laicos que diferencien su propio rol del perteneciente a las instituciones religiosas. Un Estado laico es aquel donde los puntos de vista de la Iglesia, en nuestro caso la Católica, no se ponen delante de la formulación de las leyes, nacionales e internacionales, ni en la formación de políticas relacionadas a la cooperación para el desarrollo, ni en la resolución de conflictos sociales; esto supone, por supuesto, madurez democrática y altos niveles de eficacia y eficiencia en su administración.

Si bien este principio es difícil de aceptar para algunos líderes de la Iglesia -en su creencia de que ocupan un lugar sagrado en el proceso político- darle un trato privilegiado a las instituciones religiosas es peligroso para un proceso político democrático. "Pero las autoridades eclesiásticas tienen dificultades en aceptar esto. El principio de la separación de la iglesia y el Estado es muy reciente. Hace apenas treinta y cinco años que esto se aceptó con la "Declaración sobre la libertad religiosa" del Concilio Vaticano II. Pero durante más de 17 siglos -de la conversión de Constantino a 1966- imperó la creencia que la ley civil debe adecuarse a las enseñanzas morales de la iglesia. Por lo tanto es comprensible que los dirigentes eclesiásticos tiendan a creer que todavía ocupan un lugar sagrado en el proceso político. Pero es menos comprensible que los dirigentes políticos les concedan ese espacio y los traten como interlocutores privilegiados". 1 Esta concesión es la prueba fehaciente de la insuficiencia de esta democracia y de sus actores políticos.

El estado laico y la cuestión religiosa

Según datos presentados por Hugo José Suárez2 para principios de siglo, se estimaba que los católicos conformaban un 98.51% de la población, mientras que sólo un 1.49 se consideraba "disidente". El mismo autor sostiene que en el censo general de 1992, el 80.68% de la población se declara católica, el 10.16%, evangélica; el 0.93%, de otras religiones; el 2.30% no tiene religión y el 5.92 % no especifica lo requerido. "Siguiendo estos datos tenemos una constante pérdida de fieles de la Iglesia Católica, y si la proyección siguiera en esa misma ruta, en 30 años tendríamos un equilibrio de 50% de católicos y otro tanto de no católicos, incluidas las distintas opciones de cultos cristianos, otras creencias, ateos, etc."3

Según Suárez, dicha proyección indicaría que la Iglesia Católica dejó de ser el único "generador de ofertas religiosas", que atravesamos una "diversificación de las posibilidades de fe" y que el "mercado de las creencias se ha ampliado y extendido considerablemente", aspectos todos que apuntan al crecimiento de lo no católico.
El crecimiento acelerado de la condición pluri- religiosa de la sociedad boliviana, planteada por Suárez, conlleva a la identificación de varios escenarios posibles donde, según este autor, tendremos que desenvolvernos en las próximas décadas.
Uno de esos espacios alerta sobre la "intolerancia extrema", como una de las peores posibilidades "en la cual no pueden convivir dos creencias distintas".
Con este panorama, ¿dónde queda el hecho de que el Estado boliviano se declare católico en su Constitución? "Si esta situación continúa así, los nuevos movimientos religiosos tendrán una opción de lucha legítima en busca de iguales condiciones para ejercer su culto y, por lo tanto, de volver laico y no confesional al Estado".4

No obstante, Suárez también plantea como otro escenario posible -mucho más auspicioso-: la construcción de un "pacto laico", donde el respeto, el entendimiento y la tolerancia sean las reglas de convivencia entre diferentes. "Esto sólo se logra en la medida en que el Estado, como organismo laico y libre de intereses de iglesias particulares, marca las reglas de juego dentro de las cuales se regulan las relaciones sociales, y todos los demás acatan estos parámetros para su relación tanto con la sociedad en general, como con las distintas expresiones religiosas".5

Por supuesto que la democracia no está exenta de este ideal, que más que eso tal vez es cuestión de vida, de futuro. No quedan dudas de que un Estado laico dice de la madurez de una democracia libre de injerencias religiosas de cualquier índole, del principio de tolerancia básico en una sociedad tan diversa como la nuestra, de acciones y actitudes libres de condicionamientos espirituales orientados al "buen comportamiento", de poder hacer las cosas por nosotros y nosotras mismas.

¿Católicas por un Estado laico?

A los que les quedan dudas sobre la pertinencia de este artículo y sobre que sean mujeres católicas las que lo escriben, la respuesta es sencilla: un Estado laico garantizaría a las mujeres el planteamiento y la ejecución de políticas públicas respetuosas de los derechos sexuales y reproductivos y de la vida de las mujeres; cuestiones que hasta ahora son el mismo demonio para la Iglesia Católica y los diseñadores de políticas públicas. Si no fuera así, no nos explicamos, entonces, por qué, mientras el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en Bolivia, una de las más altas en América Latina, no es un asunto discutido como problema de salud pública y no se toman medidas concretas al respecto. En este punto, la injerencia de la Iglesia Católica es evidente y conjura incluso contra la aplicación de la ley (Art.266 del Código Penal Boliviano. Aborto Impune) y contra el derecho de las mujeres a acceder a abortos que no pongan en riesgo sus vidas. Los derechos sexuales y reproductivos, la salud y la vida de las mujeres son cuestiones de democracia, ligadas íntimamente a la libertad del individuo de decidir sobre su propio cuerpo como una cuestión política de ejercicio de derecho que el Estado debiera estar en las condiciones de garantizar.

Es una cuestión política, no de sentimientos ni antipatías.