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DI-ES
Documento de Sala de
Conferencia
DSC/1
12 de junio de 2004
ORIGINAL: ESPAÑOL
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CEPAL
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe
Novena Conferencia Regional sobre la
Mujer
de América Latina y el Caribe
México D.F, 10 al 12 de junio de 2004
PROYECTO
"CONSENSO DE MÉXICO"
Los gobiernos de los países
participantes en la novena Conferencia Regional de la
Mujer de América Latina y el Caribe,
Reunidos en Ciudad de México
del 10 al 12 de junio de 2004,
Recordando que el próximo
año se cumplen tres décadas desde la Conferencia
Mundial del Año Internacional de la Mujer (primera
Conferencia Mundial), celebrada en México en
1975, una década de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y cinco años del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado
"La mujer en el año 2000: igualdad entre
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI",
de la Cumbre del Milenio y de la octava Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe,
Teniendo en cuenta que durante
la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, realizada en Lima, Perú,
en febrero de 2000, se acordó extender más
allá del año 2001 la vigencia del Programa
de Acción Regional para las Mujeres de América
Latina y el Caribe,
Teniendo presente que la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe,
y que su Mesa Directiva en su trigésima quinta
reunión acordó que la novena Conferencia
se concentraría en el examen de la implementación
y el cumplimiento de los acuerdos internacionales y
regionales y que en dicha reunión se analizarían
dos temas de importancia estratégica para la
región: i) pobreza, autonomía económica
y equidad de género y ii) empoderamiento, participación
política y desarrollo institucional,
Reconociendo la contribución
del movimiento de mujeres, en todas sus expresiones,
al desarrollo de políticas públicas con
perspectiva de género en la región, tomando
en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional,
y en particular al desarrollo de mecanismos para el
adelanto de las mujeres a nivel internacional, regional
y nacional,
Destacando la significativa contribución
de las mujeres a la disminución de la pobreza,
el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de
género, la justicia social y el desarrollo en
los países de la región,
Expresando su inquietud por los
efectos sociales negativos de las políticas de
ajuste estructural y, bajo ciertas circunstancias, la
apertura comercial, uno de cuyos aspectos es la fragmentación
de las políticas sociales, y por la pesada carga
del servicio de la deuda externa,
Reconociendo que la globalización
tiene beneficios y costos que no se distribuyen de forma
equitativa, tanto entre los países como a su
interior, y que a los países en desarrollo les
resulta particularmente difícil responder a este
reto,
Reconociendo los avances logrados
en los ámbitos legislativo, educativo, de la
salud, del trabajo, de la lucha contra la violencia,
del desarrollo sostenible y del diseño de políticas
públicas con equidad de género,
Reconociendo también que
esos avances son insuficientes y que aún se enfrentan
múltiples obstáculos, por lo que se requiere
redoblar los esfuerzos y los recursos disponibles, a
fin de alcanzar las metas y los objetivos compartidos,
Reconociendo asimismo la importancia
de promover y fortalecer medidas de acción afirmativa
que favorezcan el acceso a recursos y el empoderamiento
de las habitantes de las áreas rurales, las indígenas,
las afrodescendientes, las jóvenes y las mujeres
de la tercera edad,
Deplorando las diversas formas
de violencia y sus manifestaciones que afectan a las
mujeres y a las niñas, los niños y los
adolescentes de la región,
Reconociendo la magnitud del fenómeno migratorio
en la región y la necesidad de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las y los migrantes, junto con reconocer las remesas
como una fuente importante de divisas para sus países
de origen, así como su aportación positiva
a las sociedades que los reciben,
1. Acogemos con beneplácito
el documento elaborado por la Secretaría, titulado
"Caminos hacia la equidad de género en América
Latina y el Caribe", y reconocemos que refleja
un enfoque compartido por los gobiernos de América
Latina y el Caribe luego del correspondiente proceso
de consultas con representantes de los Estados miembros
participantes en la Conferencia, que incluyó
cinco reuniones subregionales, dos de ellas a través
del uso de tecnologías de comunicación;
2. Reafirmamos los acuerdos de
las tres reuniones subregionales preparatorias de la
novena Conferencia para el Caribe, Centroamérica
y México y América del Sur, celebradas
respectivamente en San Vicente y las Granadinas, Honduras
y Brasil como contribución a esta Conferencia;
3. Reafirmamos también
nuestro compromiso con los objetivos de la Plataforma
de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (El Cairo, 1994), el Programa de Acción
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague,
1995), el Programa de Acción de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia
(Durban, 2001) y la Declaración del Milenio (Nueva
York, 2000) adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas; y con todos los acuerdos posteriores
en los que se reafirma la adhesión de los gobiernos
a esta agenda internacional; *1
4. Reiteramos que la plena y
eficaz implementación de la Plataforma de Acción
de Beijing, el Programa de Acción Regional para
las Mujeres de América Latina y el Caribe, el
Plan de Acción de la CARICOM y los compromisos
enunciados en el párrafo anterior es una contribución
esencial para el logro de los objetivos de desarrollo
que figuran en la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas;
5. Tomamos nota con satisfacción
que la mayoría de las delegaciones nacionales
acreditadas ante esta novena Conferencia cuentan con
representantes de la sociedad civil y parlamentarias,
de conformidad con lo acordado en la trigésima
quinta reunión de la Mesa Directiva;
6. Los gobiernos de los países
participantes en la novena Conferencia Regional de la
Mujer de América Latina y el Caribe reafirmamos
nuestra decisión de hacer lo siguiente:
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i) Adoptar medidas, en todas las
esferas y en particular las de los ámbitos
político, social, económico y cultural,
incluidas medidas legislativas y reformas institucionales,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de
las mujeres de todas las edades, con el objetivo
de garantizarles el acceso a la justicia
y el ejercicio y goce de todos los derechos humanos,
incluidos los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los
hombres;
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ii) Realizar esfuerzos por incorporar
la perspectiva de género, tomando en cuenta
la diversidad étnico-racial y generacional,
en la elaboración, ejecución y evaluación
de las políticas públicas mediante
la aplicación de instrumentos de seguimiento
y evaluación, garantizando la transparencia
en la gestión pública, con el fin
de institucionalizar la rendición de cuentas
y la difusión de información sobre
el progreso en el cumplimiento de las metas y la
real participación ciudadana de las mujeres;
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iii) Asegurar la plena inclusión
d e la perspectiva de género, tomando en
cuenta la diversidad étnico-racial y generacional,
en el diseño y la ejecución de los
planes nacionales de desarrollo, y de las políticas
y los programas públicos en todos los ámbitos
de la acción del Estado, así como
en los presupuestos destinados a financiarlos;
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iv) Diseñar e implementar
políticas públicas que ayuden a superar
las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres
de la región, en especial de los países
menos desarrollados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, en las que se reconozca
el impacto diferenciado que tiene en hombres
y mujeres la desigual distribución de beneficios
y costos de la globalización;
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v) Adoptar políticas proactivas
que promuevan la creación de empleos, incluyendo
acciones afirmativas que aseguren igualdad de condiciones
en el mercado laboral entre mujeres y hombres, y
fortalezcan la capacidad emprendedora de las mujeres
y se asegure el pleno respeto de sus derechos laborales
a individuales, así como también su
acceso equitativo a los beneficios de la protección
social;
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vi) Reconocer el valor económico
del trabajo doméstico y productivo no remunerado,
procurar protección y apoyo para las mujeres
que trabajan en el sector informal, particularmente
en relación con los servicios de cuidado
de niños y niñas y personas adultas
mayores, e implementar políticas que permitan
conciliar la vida familiar y laboral, involucrando
a hombres y mujeres en este proceso;
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vii) Alentar a los Estados a integrar
consideraciones sobre el impacto de género,
tomando en cuenta la diversidad étnico-racial
y generacional en el desarrollo de políticas
nacionales y la formulación de posiciones
relacionadas con las negociaciones de acuerdos comerciales
bilaterales y regionales, así como a incluir
la equidad e igualdad de género, como tema
prioritario en las estrategias de desarrollo de
la capacidad comercial en los planos nacional y
regional;
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viii) Revisar y examinar las políticas
y la legislación, a fin de fortalecer la
obligatoriedad del pago de la asistencia económica
de niños, niñas, adolescentes y otros
dependientes, así como instar a los Estados
a convenir tratados para la persecución y/o
el cobro de las obligaciones a los evasores;
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ix) Impulsar políticas educativas
que respondan a las necesidades del desarrollo de
los países, favoreciendo la educación
de todas las mujeres y su acceso a las actividades
económicas, tecnológicas y científicas
que contribuyen a su inserción equitativa
en un mundo globalizado;
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x) Fomentar una cultura de respeto
de los derechos humanos de las mujeres e impulsar
amplios programas de concientización en todos
los niveles de la enseñanza. También
incorporar la educación en derechos humanos
con perspectiva de género, raza y etnia en
todos los niveles de la enseñanza;
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xi) Revisar e implementar la legislación
que garantice el ejercicio responsable de los derechos
sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación
a los servicios de salud, incluida la salud sexual
y reproductiva de conformidad con el Consenso de
Lima;
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xii) Fortalecer los esfuerzos de
prevención, diagnóstico y tratamiento
de las infecciones de transmisión sexual,
en particular el VIH/SIDA, salvaguardando los derechos
de todas las mujeres y las niñas que viven
con el virus, y garantizar el acceso, sin discriminación,
a información, atención, educación
y servicios de prevención del VIH/SIDA;
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xiii) Reforzar la plena participación
de las mujeres en la preservación y el manejo
del medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible;
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xiv) Adoptar medidas para promover
y proteger los derechos humanos de los y las migrantes,
de conformidad con los preceptos constitucionales
y los instrumentos internacionales vigentes;
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xv) Adoptar las medidas integrales
que sean necesarias para eliminar todas las formas
de violencia y sus manifestaciones contra todas
las mujeres, incluidas la violencia familiar, el
abuso y acoso sexual, el incesto, la explotación
sexual y el tráfico y trata de mujeres y
niñas, la prostitución forzada, los
asesinatos y las violaciones sistemáticas,
y la violencia en situaciones de conflicto armado,
entre otras, así como eliminar las medidas
unilaterales contrarias al derecho internacional
y a la Carta de las Naciones Unidas;
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xvi) Promover el acceso de todas
las mujeres a las tecnologías de la información
y la comunicación con miras tanto a erradicar
la pobreza como a promover el desarrollo;
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xvii) Profundizar el desarrollo
de un sistema de información basado en estadísticas
desagregadas por sexo para incorporar efectivamente
la perspectiva de género, tomando en cuenta
la diversidad étnico-racial y generacional,
en todos los programas y políticas de gobierno,
otorgando particular atención a la pobreza,
el trabajo no remunerado, el uso del tiempo, la
violencia de género y la migración
internacional;
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xviii) Diseñar y revisar
las leyes, a fin de asegurar que, allí donde
exista el derecho a la posesión privada de
tierras y de propiedades, se reconozca a las mujeres
plenos e iguales derechos a poseer tierras y otras
propiedades, incluso en virtud del derecho a heredar,
y mediante la realización de las reformas
administrativas y la adopción de las demás
medidas necesarias para otorgar a las mujeres los
mismos derechos que los hombres al crédito,
el capital, la tecnología apropiada y el
acceso a los mercados y la información;
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xix) Garantizar a los mecanismos
nacionales para el adelanto de la mujer los recursos
financieros y humanos, y reforzar su capacidad política
y la consolidación de su rango institucional
al más alto nivel, a fin de que puedan cumplir
sus mandatos con eficacia y eficiencia;
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xx) Estrechar la colaboración
entre los mecanismos nacionales para la mujer, los
organismos regionales e internacionales;
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xxi) Promover la participación
plena e igualitaria de hombres y mujeres en todos
los niveles de toma de decisiones en el Estado,
la sociedad y el mercado y fomentar la participación
de la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y las organizaciones d e mujeres
en los procesos de adopción de decisiones
en los ámbitos local, nacional, regional
y global a fin de avanzar en la construcción
y ejercicio de la ciudadanía plena de todas
las mujeres de la región;
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xxii) Desarrollar instrumentos
de seguimiento y evaluación de las políticas
públicas con el fin de incorporar una perspectiva
de género, tomando en cuenta la diversidad
étnico-racial y generacional, en todas las
acciones del Estado;
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xxiii) Invitar a los parlamentos
de la región a que revisen sus legislaciones,
a fin de armonizarlas con los instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos y de no discriminación
de las mujeres, niños, niñas y adolescentes;
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xxiv) Exhortar a los gobiernos
que aún no lo han hecho a considerar la ratificación
y aplicación efectiva de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer y su Protocolo
facultativo, así como de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer y la adopción
de un mecanismo efectivo para la aplicación
y seguimiento de esta última por los Estados
parte;
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xxv) Promover la cooperación
internacional en apoyo a las actividades de los
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres
destinadas a la implementación de la Plataforma
de Acción de Beijing e instar a los organismos
y las organizaciones especializadas de las Naciones
Unidas a que, de conformidad con sus mandatos, sigan
apoyando los esfuerzos nacionales en pro de la igualdad
de derechos y la creación de oportunidades
para las mujeres en la región, a través
de programas de cooperación, estudios y análisis,
entre otros; |
7. Acogemos con beneplácito
la agenda de investigación que figura en el documento
"Caminos hacia la equidad de género en América
Latina y el Caribe" y solicitamos a la Secretaría
de la CEPAL que, en c elaboración con gobiernos
de la región y otros organismos internacionales,
realice las tareas que fueren necesarias para su cumplimiento;
8. Declaramos que el Consenso
de México constituye la contribución regional
a la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer en su cuadragésimo noveno
periodo de sesiones, previsto para marzo del 2005;
9. Solicitamos a la Presidencia
que someta a la consideración de la CEPAL, en
su trigésimo período de sesiones, previsto
para junio-julio del 2004 el presente Consenso;
10. Agradecemos al pueblo y al
Gobierno de México las facilidades otorgadas
para la realización de esta Conferencia y su
calurosa hospitalidad.
*1 (Título
y signatura de los documentos mencionados)
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