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El Congreso nacional comenzó
a debatir la despenalización del aborto. Un
proyecto del senador por Santa Fe comenzó a ser
tratado en la comisión
de Legislación Penal de la Cámara de Senadores
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Para RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina
De: Rosario/12
Giustiniani y la despenalización
del aborto
Siempre hay una primera vez
Por Sonia Tessa - 27 de septiembre
2004
Después de haber presentado como
diputado un proyecto que perdió estado parlamentario
para despenalizar a las mujeres que abortan y ampliar los casos
en los que se permite la práctica, el ahora senador nacional
Rubén Giustiniani tuvo el martes pasado una satisfacción:
la comisión de
Legislación Penal de la Cámara de Senadores comenzó
a darle tratamiento a la temática por primera vez. No
sólo la iniciativa del legislador santafesino se puso
en consideración, sino también las de Silvia Giusti
(PJ, Chubut) y de Vilma Ibarra (Frepaso, ciudad de Buenos Aires).
"Se trató de algo inédito, hubo una primera
reunión para poner en consideración los tres proyectos
y se va a convocar a las organizaciones no gubernamentales y
el Ministerio de Salud de la Nación para tratarlos",
afirmó el legislador, autor de la iniciativa que modifica
el artículo 86 del Código Penal para permitir
el aborto en los casos de violación, inviabilidad de
la vida extrauterina y riesgo para la salud física o
psíquica de la mujer. También impulsa la derogación
del artículo 88, que impone de uno a cuatro años
de prisión a la mujer "que causara su propio aborto
o consintiera que otro se lo causara".
Giustiniani reconoció además
que "en Diputados también hay un ambiente distinto,
porque hay muchos más proyectos". Si bien desde
1983 hubo diferentes iniciativas al respecto, como la recordada
de Florentina Gómez Miranda, cuando el legislador socialista
impulsó su proyecto, en 2002, no había ningún
otro presentado y hoy existen cinco. De hecho, tanto aquella
iniciativa como las actuales cuentan con la firma de la diputada
nacional justicialista por Santa Fe, Irma Foresi.
En los completos fundamentos de su proyecto,
el senador socialista señala que "numerosas iniciativas
legislativas modificando el texto del Código Penal
han sido presentadas desde 1983 en relación al tema
aborto. Ninguna fue debatida y con el transcurso del tiempo
han ido perdiendo estado parlamentario. Pero el miedo a polemizar
no protege la vida".
Giustiniani no tiene ninguna duda de que
"la despenalización de la mujer es la respuesta
de salud pública a las miles de mujeres, la mayoría
adolescentes y pobres, que llegan a los hospitales con hemorragias
indetenibles, y que esperan hasta último momento para
acudir por miedo a ser denunciadas".
También en los fundamentos del proyecto,
Giustiniani explica: "Nuestro país se encuentra
en la categoría de países que permiten el aborto
sobre bases detalladas. Las leyes autorizan el aborto para
proteger la salud de la madre, sin embargo podemos afirmar
que las excepciones previstas en la legislación argentina
son prácticamente letra muerta".
Por eso, la iniciativa legislativa se propone
modificar la situación actual, en la que existe "una
prohibición implícita que se trasluce en una
negativa de los propios profesionales médicos, en muchos
casos y de los jueces a autorizar prácticas abortivas".
Con la actual redacción del
Código Penal, "aunque la ley no prevé la
solicitud de autorización judicial en aquellos casos
en que se presentan las situaciones despenalizadas, los médicos
acuden al órgano judicial en busca de aprobación.
Generalmente el permiso es denegado o la espera de respuesta
origina demoras
irreversibles".
Y la magnitud del problema indica la urgencia
de encontrar soluciones. "A pesar de la dificultad de
cuantificar la magnitud del problema, los índices de
mortalidad materna, así como la estimación del
número de abortos producidos anualmente y la incidencia
de las consecuencias del aborto inseguro en los índices
de morbilidad y mortalidad materna son claramente una verdadera
y mortal endemia", dice el proyecto de Giustiniani, que
agrega: "Estamos en presencia de un problema de salud
pública y, como tal, debe ser incorporado en la agenda
legislativa". Un objetivo que parece estar comenzando
a cumplirse, y que tendrá como aliadas inestimables
a las organizaciones civiles de mujeres que con su movilización
puedan presionar
para que el contenido de las leyes aprobadas sea más
avanzado.
Según la fundamentación de
Giustiniani, "la única consecuencia que tiene
la penalización del aborto es que esos abortos lleguen
más tardíamente al hospital, con lo cual es
mayor el costo de salud para la mujer. No cabe ninguna duda
que la penalización del aborto contribuye de manera
especial a la destrucción de la vida de las mujeres
pobres. Es inadmisible que ante la posibilidad de ser denunciada
o encarcelada, una mujer sea privada de la atención
necesaria en un servicio de salud".
Es por eso que el senador toma en cuenta
un informe que señala: "Cuando una mujer muere
en ejercicio de su capacidad reproductiva resulta necesario
no solo establecer las causas de ese deceso, aún también
identificar la cadena de responsabilidades de quienes pudieron
evitar esa
muerte y no lo hicieron pues la defensa y garantía
de los Derechos Humanos nos incumben a todos, cualquiera sea
la posición que se tenga y el rol que se desempeñe
en la Sociedad y el Estado".
Con la apertura del debate que se produjo
el martes pasado, se inicia una nueva batalla legislativa.
"Mi experiencia como diputado nacional cuando se aprobó
la ley de salud reproductiva fue que la participación
de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil
significaron un impulso importantísimo, que tuvo otra
pata en una verdadera transversalidad de las legisladoras
de los distintos bloques, que impulsaron las propuestas más
allá de sus identidades políticas". El
gran impulso de las legisladoras permitió que exista
una ley nacional de salud
reproductiva, y puede impulsar también una legislación
más avanzada en materia de aborto.
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